Este año asistimos a varios debates que se dieron en la opinión pública sobre la posibilidad de modificar el sistema educativo argentino, a partir de la instalación de temas que giran en torno a cómo deberían financiarse las escuelas: si habría que mantener los aportes a la oferta educativa (pago de salarios, infraestructura edilicia, pizarrones, entre otros), o si sería preferible que los recursos del estado se destinarán a financiar la demanda (cada niña o niño recibe un voucher o cupón que representa un monto de dinero necesario para su escolarización).

La semana pasada sucedió algo similar, esta vez con la circulación de datos sobre financiamiento y contracción de la inversión educativa en algunas provincias.

Desde el Observatorio Hacer Educación hemos realizado este informe con el propósito de evaluar la información disponible, analizar cómo se construyen esos datos (y algunos de esos conceptos), y precisar aspectos específicos sobre qué significa hablar de gestión de la inversión en las diferentes jurisdicciones del país. 

En primer lugar, la fuente principal de financiamiento educativo en cada jurisdicción proviene de sus propios recursos, y también de transferencias que reciben del gobierno nacional. 

En segundo lugar, hay distintos indicadores que pueden construirse a partir de los datos de inversión educativa publicados por los ministerios de Educación de cada distrito: la inversión en moneda constante (despejando el efecto de la inflación), la participación de la inversión educativa en el total del gasto provincial (porcentaje del gasto destinado a bienes y servicios del sector educativo), y la inversión por estudiante del sector estatal. Pero además, los presupuestos educativos provinciales tienen componentes específicos tales como densidad poblacional, cantidad de escuelas rurales, medición del Producto Bruto Geográfico, entre otros aspectos, por lo que la comparación resulta difícil y compleja.

Estos datos, en todos los casos, refieren a gasto educativo desde la perspectiva de la función. Es decir, no se cuenta únicamente la inversión de los ministerios de educación provinciales, sino también la de otros ministerios que pueden tener a su cargo gastos educativos, por ejemplo infraestructura, sistemas de transporte auxiliares, etc. También es necesario pensar también no solo cuánto, sino cómo llega esa porción del financiamiento que no está destinada a salarios, sino a garantizar las condiciones materiales de enseñanza.  

Sería interesante tener un indicador que muestre cómo cambia el gasto educativo con relación al nivel de actividad. A esta información no podemos acceder a través de datos oficiales de actividad, porque el indicador necesario para cumplir ese rol, el Producto Bruto Geográfico, no es de actualización periódica y el INDEC lo publicó por última vez en 2004.

Para tener una visión integral habría que mirar, además:

• cómo evolucionó la inversión en moneda constante 
• qué representa eso en relación con el tamaño de la población de la provincia 
• qué prioridad se le dio al interior del gasto público
• qué vínculo tuvo con la actividad económica

Todos estos indicadores son complementarios y las interpretaciones nunca son lineales. En esta temática, no solo se trata de inversión en el sistema educativo, sino también de eficiencia en la inversión.  El desafío pendiente es disponer de datos actualizados, desagregados, con las metas físicas en función de cada uno de los programas, que faciliten las tareas de comparar, evaluar, analizar las series históricas y conocer las distintas experiencias de gestión educativa en cada jurisdicción del país.