En las últimas semanas circuló el debate en la opinión pública sobre la posibilidad de modificar el sistema educativo, a partir de la instalación de vouchers y la modificación del financiamiento a las escuelas. Cuando la educación gana protagonismo en la agenda mediática, o cuando los posibles candidatos a los distintos cargos electivos están pensando propuestas y posibles políticas de estado, se trata siempre de una buena noticia.

Sin embargo consideramos que, para dar respuesta a los múltiples problemas que atraviesa la educación en nuestro país, es necesario pensar y discutir propuestas en función de datos y evidencia científica. Es por ello que desde el Observatorio llevamos adelante un informe -con el trabajo de las y los especialistas Patricio Conejero, Brenda Glickman, Aurelia Lupis y Malena Spotti- para aportar claridad y números concretos al debate. El estudio contó con tres ejes centrales: financiamiento educativo, calidad y acceso educativo, y obligatoriedad.

A continuación, un punteo de este informe.

1) Hablar de escuelas es también hablar de dinero

Para cualquier debate que trate sobre educación es necesario recordar que en nuestro país el sistema educativo es federal y que la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación recae sobre cada una de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, cuando hablamos de financiamiento, el presupuesto destinado a la educación tiene fuentes nacionales y provinciales que están regidas por la Ley de Financiamiento Educativo N° 26075.

Cómo se organiza y gestiona el financiamiento es diferente en cada jurisdicción, pero en todas hay un punto en común: el sistema elegido es el subsidio a la oferta (conformada por todas las instituciones que brindan educación). Este sistema tiene como objetivo garantizar que todas las escuelas estén abiertas y en condiciones, más allá de cuántos estudiantes asisten a ellas.

En tanto, la propuesta que se está discutiendo estos días, conocida como escuela voucher, implica cambiar a un sistema de subsidio a la demanda (compuesta por estudiantes y sus familias). En líneas generales, se trata de otorgar financiamiento a cada escuela por cada estudiante que asiste a ella, a través de un voucher (un vale o cupón que acredita el pago de un monto determinado previamente). Y si bien no se trata necesariamente de un sistema de educación privatizado, este tipo de propuestas implementa una lógica de mercado en el sistema educativo a partir de la cual la educación pasa a ser considerada como un bien de consumo.

Ahora bien, desde el Observatorio nos preguntamos: ¿es posible llevar a cabo este sistema a lo largo y ancho de Argentina?  Es que en nuestro país el sistema de educación es público y existen dos tipos de escuela según su gestión: estatal o privada. Y tal como se exhibe en el informe, sólo el 22% de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario pertenece a escuelas de gestión privada, cuya oferta se concentra en los grandes centros urbanos. En cambio, las escuelas públicas de gestión privada apenas existen en las zonas rurales, regiones cuyos colegios representan el 38% de la totalidad de los establecimientos educativos.

Las preguntas que flotan en el aire son, entonces, varias: ¿qué pasará con estas escuelas rurales, de pocos estudiantes, si se mantiene la lógica de los vouchers? ¿Alcanzaría la plata para poder mantener la escuela abierta? ¿Si se cierran, dónde se educarían los niños, niñas y jóvenes de esos pueblos y parajes de nuestras provincias?

2) Calidad y acceso educativo: de falsas premisas sólo se llega a conclusiones erróneas

Aquellos que promueven la idea de vouchers suponen que las familias, como consumidores libres, tendrían acceso irrestricto a la información sobre cuáles son las mejores escuelas y la utilizarían para elegir la mejor educación para sus hijos. Pero, en el estudio realizado por el Observatorio queda claro que ese concepción está lejos en la práctica: según el Informe de Seguimiento a la Educación en el Mundo de la UNESCO, los datos sobre el funcionamiento de la educación en las escuelas son demasiado complejos, por lo que las familias suelen elegir los colegios por un conjunto de factores exógenos, entre ellos, creencias religiosas, cercanía, conveniencia y características del alumnado.

Pero no solo eso: la poca información sobre la calidad educativa de cada establecimiento circula poco y no está distribuida equitativamente, por lo que la población más desfavorecida tiene menos acceso a ella. Por consiguiente, los sectores de mayores recursos probablemente -que suelen contar con mayor información- asistirían a las mejores escuelas, a menudo no estatales, lo cual exacerba la inequidad, la estratificación y la segregación. 

Y si se piensa en un escenario en el cual un establecimiento se enfrente a muy altos niveles de demanda, quedará el debate sobre de qué modo asignar los cupos disponibles entre los estudiantes. La mayoría de ellos, en particular cuando se aplican los exámenes de ingreso, suelen favorecer la segmentación en favor de las familias de mayores ingresos, dando como resultado un sistema aún más desigual.

Las y los investigadores del informe también hacen foco en las consecuencias de calidad educativa, al considerar que la “competencia” puede llevar a las escuelas a satisfacer aspiraciones particulares de algunas familias en contra de las buenas prácticas pedagógicas, por ejemplo, en lo que se refiere a las definiciones acerca de qué contenidos enseñar, cómo hacerlo y bajo qué normas de convivencia. 

3) Obligatoriedad y financiamiento: dos puntos que se unen

El sistema de vouchers educativos pone en tensión el derecho humano a la educación llevándolo exclusivamente hacia el terreno del derecho individual, convirtiéndolo en un derecho formal, un “derecho para pocos”. En cambio, en nuestro país, la educación básica -a partir de la ley 1420- es común, gratuita y obligatoria. Esta última categoría, aclaran las y los investigadores del informe, abarca desde los 4 años hasta la finalización de los estudios secundarios, y exige a las autoridades de cada jurisdicción impulsar acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales. Pretender modificar este esquema implica, entre otras cosas, tratar de modificar la Constitución Nacional.

Pero, además, la educación excede los niveles obligatorios, al incluir la educación terciaria y universitaria que en nuestro país tienen particulares condiciones de gratuidad y acceso. En el nivel terciario, si se agregara el arancelamiento -como queda implícito en la propuesta de los vouchers- como barrera al ingreso a los profesorados, ¿afectaría la cantidad de egresados, ya insuficientes hoy? 

Y en el caso de las universidades, ¿los cambios en el financiamiento serían un obstáculo para la formación de los tan valorados profesionales que nos convierten en una referencia internacional en términos académicos?  Cabe destacar, tal como exponen en el estudio, que una disminución de la cantidad de egresados de los niveles superiores, lo cual tendría resultados negativos para el desarrollo  social y el crecimiento económico del país.

Ante todo eso, las y los especialistas remarcan que proyectar un sistema en el que se financie a la demanda, en una lógica de mercado, choca con la concepción de la educación como un derecho social, en el que el Estado debe garantizar el acceso a un banco de un aula a todos los ciudadanos. También la fragmentación y estratificación del esquema de vouchers lleva a pensar si el encuentro de la diversidad que se da en las escuelas públicas, y que hace que la experiencia sea fundamental en términos de formación ciudadana, seguiría existiendo.